Nuevos Articulos
recent

EL ALLANAMIENTO ILEGAL DE ALBERTO FUJIMORI A LA VIVIENDA DE TRINIDAD BECERRA

Memorias. El abogado José Ugaz acaba de publicar su libro Caiga quien caiga, un testimonio sobre su papel para ayudar a desmontar la maquinaria de corrupción, siendo procurador ad hoc. La República ofrece un extracto en el que narra cómo descubre que el entonces presidente Fujimori siembra un falso fiscal para intervenir la casa de Montesinos, y apoderarse de evidencias que podrían implicarlo en corrupción.

El mismo día que se abrió proceso con orden de detención contra Montesinos, el lunes 6 de noviembre del 2000, recibimos una Nota de Inteligencia de la Policía que sostenía que Montesinos podría estar oculto en cuatro inmuebles: la casa de Delia Vergara, alcaldesa de Chaclacayo electa en la lista del partido de gobierno; el domicilio de Óscar Medelius, el congresista oficialista involucrado en el escándalo de la fábrica de firmas falsificadas; la casa del general Luis Cubas Portal, cuñado de Montesinos y jefe de la II Región Militar de Lima; o en el departamento donde residía su esposa Trinidad Becerra, en la avenida Javier Prado Oeste 1995, el que frecuentaba muy esporádicamente.

Tan pronto recibimos esta información, solicitamos de inmediato que el Juzgado allanara estos inmuebles para capturar a Montesinsos e incautar cualquier elemento probatorio que pudiera ser hallado. Nuevamente fue el procurador Vargas el encargado de tramitar el pedido de allanamiento ante el juez, quien, luego de mucho pensarlo, el mismo 6 por la noche emitió la resolución correspondiente.

Pese a que el allanamiento es una diligencia de exclusiva responsabilidad del juzgado que la dispone, parece que un tanto intimidado por las circunstancias, el juez Vargas consignó en su resolución que esta debía llevarse a cabo “bajo responsabilidad de la Procuraduría”, fórmula que, importada del derecho procesal civil, suele consignarse para los efectos indemnizatorios que pudieran derivarse en caso alguna de las partes en un proceso civil haga un pedido malicioso que perjudique a la contraria.
Esto, que no parecía ser otra cosa que una fórmula del juez para protegerse en caso alguno de los propietarios de los inmuebles allanados reclamara por la ejecución de la diligencia, fue sin embargo el preludio de un conjunto de irregularidades que desembocaron en un delito cometido por el propio Alberto Fujimori Fujimori, a la sazón Presidente de la República en funciones.

El allanamiento es una diligencia netamente judicial en la que no tiene ninguna participación la Procuraduría, pues esta es parte civil y por lo tanto no puede estar presente en este tipo de actuaciones (como tampoco le compete estarlo en las detenciones o incautaciones). Sin embargo, habiendo sido la Procuraduría la que pidió la realización de la diligencia, debió ser notificada del resultado de su solicitud, lo que no ocurrió hasta el día siguiente de producida la misma.

De otro lado, siendo una diligencia de estricta ejecución judicial, es obvio que quien debe conducirla es el propio juez, lo que por alguna extraña razón que desconocemos hasta la fecha, no ocurrió. En lugar de hacerse presente y dirigir personalmente los allanamientos como manda la ley –más aún en un caso tan sensible como este–, el juez optó por remitir oficios a la Policía Judicial para que fuera esta la que, con presencia de un Fiscal, procediera a ejecutar el ingreso a los inmuebles señalados por la Policía.

Ignorante de lo decidido por el juez, al llegar al día siguiente temprano a la oficina fui interceptado por Lucho Vargas, quien blandía airadamente un ejemplar del diario La República:
-¡El juez no estuvo en los allanamientos, Fujimori se entrometió en la diligencia, sembró un falso fiscal y se ha llevado bienes que encontraron en la casa de Montesinos!– exclamó.

Inicialmente pensé que era una de las acostumbradas bromas de Lucho, pero el titular del diario era inequívoco. El juez Vargas había entregado la orden de allanamiento al coronel Hermes Huaroto Zumari, quien a su vez se la llevó a su inmediato superior, el jefe de la Policía Judicial, general Federico Hurtado Esquerre. Hurtado llevó la orden a Palacio de Gobierno y se la entregó en propia mano a Fujimori, quien de inmediato movilizó al personal militar del cuerpo de edecanes a cargo del coronel José Tantaleán Alatrista, dándole instrucciones de reforzar a la Policía en la diligencia de allanamiento y reportarle cada paso o hallazgo que ocurriera en el desarrollo de los allanamientos.

Así, se montó un operativo combinado, integrado por militares de las tres fuerzas armadas y policías. Fujimori llamó personalmente al comandante Manuel Ubillús Tolentino, uno de los oficiales del cuerpo jurídico de la Fuerza Aérea, y le ordenó hacerse pasar por miembro de la 14a Fiscalía Provincial Penal de Lima. Este cumplió la orden identificándose ante la esposa de Montesinos con una medalla prendida a una cinta celeste (que utilizan los abogados en diligencias oficiales), a diferencia de la cinta blanca que distingue a los miembros del Ministerio Público.

Al llegar al inmueble de Javier Prado, fueron recibidos por la esposa de Montesinos quien bajó de su departamento junto con su hija Silvana y los atendió en el recibidor de la planta baja del edificio. Luego de explicarle la naturaleza de la diligencia, Becerra accedió a que revisaran su departamento, donde, efectivamente, tras una minuciosa revisión, no encontraron ni a Montesinos ni evidencia incriminatoria alguna. Según ha referido el coronel Tantaleán Alatrista, al reportar telefónicamente esta situación al Presidente, este dio la orden al comandante Calisto Giampetri de que incursionaran en el departamento 501 del mismo edificio.

Becerra no tenía las llaves de ese departamento, que era utilizado por Montesinos como depósito. Entonces, los militares y policías forzaron la puerta. Al ingresar, encontraron apiladas alrededor de 63 maletas, 5 maletines y 75 cajas. Reportaron este hallazgo a Fujimori, quien dio instrucciones para que todo esto fuera llevado a la suite presidencial del Grupo Aéreo N° 8.

Cuando la defensa de Trinidad Becerra llegó a la Fiscalía para averiguar el destino de lo incautado, se enteraron de que la Fiscalía desconocía totalmente la existencia de esta diligencia. Y, al inquirir por el apellido del supuesto fiscal que intervino en el allanamiento –“Dr. Ubillús Tolentino”–, se encontraron con la sorpresa de que este no pertenecía al Ministerio Público. Eso fue suficiente para los titulares del día siguiente.

Con el apellido del impostor, fue fácil reconstruir la historia, hasta determinar que las maletas habían terminado en poder del propio Fujimori en Palacio de Gobierno.

De inmediato, los tres procuradores nos reunimos. Ya habíamos discutido desde el momento mismo de nuestra designación que, tarde o temprano, nuestras investigaciones iban a terminar involucrando al propio Fujimori, pues éramos conscientes de que Montesinos no había podido cometer todos los delitos que se le imputaban sin conocimiento del Presidente. En más de una oportunidad Fujimori lo había respaldado pese a la existencia de evidencias claras en su contra (“confiaré en él hasta que me prueben lo contrario”, había dicho varias veces).

Por otro lado, decisiones como la de ascender a miembros del Grupo Colina, escuadrón de la muerte responsable del asesinato de varias personas, a pesar de todo lo que se había escrito sobre ellos, promover su amnistía o avalar las irregularidades para posibilitar su tercera reelección fraudulenta eran indicios que lo comprometían, cuando menos moralmente.

Sin embargo, luego de discutirlo la primera vez a la luz de nuestros nombramientos, convinimos que no era prudente, dada la fragilidad política en la que nos movíamos, enfilar contra Fujimori hasta que no tuviéramos elementos suficientemente contundentes que nos permitieran enfrentarlo con posibilidades de éxito, pues eso implicaba abrirse un frente adicional cuando aún no estábamos consolidados y nos asentábamos sobre una base extremadamente frágil. Si habíamos accedido a puestos de tanta importancia para perseguir la corrupción, no podíamos arriesgar los objetivos nacionales por un proceder imprudente. Iríamos tras Fujimori, pero había que actuar con inteligencia, pues mientras se mantuviera en el poder podía desactivar la Procuraduría. Pero, tras el allanamiento, nos planteamos la disyuntiva nuevamente, pues los recientes acontecimientos comprometían directamente al Presidente de la República.

Luego de un primer intercambio de ideas, caímos en la cuenta que no estábamos facultados para denunciar a Fujimori por el allanamiento ilegal, toda vez que la Resolución que nos designaba como procuradores ad hoc nos limitaba a investigar los delitos cometidos por Vladimiro Montesinos Torres y los que resultaran responsables (en su condición de cómplices o coautores con el primero de los nombrados), en agravio del Estado, mas no los delitos cometidos contra Montesinos, como era el allanamiento indebido de su morada y la sustracción de los bienes que se encontraban en ella.
A quien correspondía denunciar el allanamiento ilegal (además de Montesinos y Trinidad Becerra), era en todo caso al Procurador del Poder Judicial, pues era este el afectado con la ilegal interferencia de Fujimori en la orden legalmente emitida por un juez.

Sin embargo, tampoco podíamos quedar impasibles ante tamaña ilegalidad, que además perjudicaba nuestro trabajo. Por tal motivo, decidimos, a sugerencia de Lucho Vargas, remitir de inmediato un oficio al Director de la Policía Nacional para que nos informe qué había ocurrido en la diligencia de allanamiento, a fin de comunicar lo ocurrido al Juzgado. Ese mismo día nos enteramos de que la propia fiscal Magallanes, de oficio, había iniciado una investigación por estas irregularidades, con lo cual el tema quedaba totalmente fuera de nuestra competencia.

Varios días después, recibimos la respuesta del general PNP Federico Hurtado Esquerre, comunicándonos que la información requerida ya había sido suministrada a las autoridades pertinentes, pues se había abierto un proceso penal militar en la Vocalía de Instrucción del Consejo Supremo de Justicia Militar por esos mismos hechos.

Quedaba por definir qué había ocurrido con las maletas incautadas. El 9 de noviembre, tres días después de la intrusión presidencial en el allanamiento, aparecieron en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno Fujimori y Bustamante, al frente de unas mesas en las que se exhibían relojes finos y otras joyas encontradas en las maletas. Ambos informaban, en el colmo de la desfachatez, que eran evidencia de los delitos cometidos por Montesinos y que conjuntamente con cientos de videos, serían entregados a la autoridad judicial.

¿Qué tenían que hacer los conspicuos representantes del Poder Ejecutivo con bienes que eran prueba judicial y que habían sido incautados en una diligencia dispuesta por un juez penal?

A eso de las 5 de la tarde del día siguiente, viernes 10 de noviembre –lo recuerdo bien, pues me encontraba en la ceremonia religiosa de Confirmación de mi hijo Francisco–, recibí una llamada del ministro Bustamante, quien con evidente nerviosismo me comentó que el Presidente le había entregado las maletas incautadas en la casa de Montesinos con el encargo de que las remitiera al juzgado. Sin embargo, el juez se había negado a recibirlas alegando que a esa hora ya no tenía personal para hacer el inventario correspondiente, por lo que tendría que entregárselas el día lunes.

Bustamante me pidió que intercediera con el juez Vargas para que las recibiera, pues era consciente que él no debía tener consigo bienes que eran prueba judicial. Le respondí que el Presidente había cometido un hecho muy grave y que él estaba avalándolo con su actitud de complacencia. Luego, consciente de que la prueba podía perjudicarse si permanecía fuera de control judicial más tiempo del que ya había estado, le pedí tiempo para ver qué podía hacer al respecto. Dado que estaba a la mitad de una ceremonia y, además, no tenía confianza con el juez, llamé a Lucho por teléfono, le expliqué lo sucedido y le pedí que hablara con Vargas para que recibiera las maletas.

Al cabo de unos minutos, Lucho me devolvió la llamada. Vargas le había reiterado los mismos argumentos que a Bustamante. Llamé al ministro, le conté esto y él me pidió consejo sobre el mejor proceder en una circunstancia como esa. Le reiteré que la prueba no podía seguir estando expuesta a posibles manipulaciones durante el fin de semana, por lo que había que asegurar su intangibilidad. Lo que se me ocurría, dado que el juez se negaba a recibirla, era que la internara en una bóveda oficial del Banco Central de Reserva o del Banco de la Nación, previa certificación de un Notario Público de lo que se estaba entregando y en qué condiciones.

Bustamante agradeció la sugerencia y colgó.

El día lunes me enteraría por la prensa de que el juez finalmente había recibido por disposición del Ministro de Justicia un conjunto de maletas que, al ser abiertas para inventariar su contenido, revelaron la existencia de cientos de cintas de audio y video, en su mayoría rotuladas con etiquetas que hacían referencia a su contenido (“Reunión del Dr. con…”). Una vez inventariado el material, fue internado por orden del juez en un ambiente acondicionado especialmente en el Palacio de Justicia.❧







No hay comentarios:

Con la tecnología de Blogger.